Córdoba. Los fondos se obtendrán a partir de la reasignación de gastos existentes, basados en principios de austeridad y eficiencia. “En primera medida, haremos foco en los recursos destinados a la estructura burocrática provincial”, se afirmó desde el frente opositor.
En ese sentido, se destacó que “se reducirán la cantidad de ministerios y sus respectivas secretarías y directorios, donde en muchos casos se duplican tareas y se trabaja de manera descoordinada”.
La fórmula Aguad-Baldassi (Juntos Por Córdoba), elaboró junto a sus equipos técnicos un informe en el que detallan el costo fiscal que implicará la derogación de la ley 10.078 que difiere por 6 meses los incrementos a los jubilados provinciales, y advierten que las arcas provinciales cuentan con los recursos para poder hacer frente a esa medida.
Asimismo, quienes encabezan la lista de candidatos de la coalición tripartita, se comprometieron en su futura gestión de gobierno, a poner “en marcha un exhaustivo control del ‘Estado Paralelo’ que generó las diversas gestiones de Unión por Córdoba”.
Esto incluye, las Agencias y Empresas del Estado que, “en su mayoría, son deficitarias y representan un 40 por ciento del total del presupuesto provincial”, precisaron.
“La reconducción de sus gastos y el análisis de sus objetivos, permitiría focalizar estos recursos a atender otras necesidades de mayor prioridad”, argumentaron Aguad y Baldassi.
Costo fiscal de la medida
En el informe, los candidatos de Juntos por Córdoba, sostuvieron que el déficit sin el diferimiento en 2015 estaría próximo a los $1.300 millones, lo que implicaría un extra de $230 millones respecto a la situación actual, con la vigencia de la ley 10.078.
En cuanto a lo que resignan los jubilados, advirtieron que “si actuamos con diligencia, la derogación del diferimiento implicaría un aumento de $3.900 promedio para los jubilados provinciales”.
Para el caso de un jubilado docente, “la urgente aplicación de esta medida le implicaría recuperar un poco más de $2.250 en promedio, mientras que para un jubilado de la Policía el impacto será de poco más de $2.000”, se ejemplificó.
Con sus matices, los candidatos opositores y el propio postulante del oficialismo ya expresaron en sus declaraciones de campaña que derogarán la ley. En ese marco, desde el frente integrado por la UCR, el PRO y el Frente Cívico, cuestionaron el por qué retrasar un año más el diferimiento jubilatorio.
“Esperar hasta diciembre para hacer efectivo este anuncio de campaña, implicaría para un docente resignar casi $27.200, a un policía $24.950 y a un empleado de la Administración General un poco más de $23.500”, se detalló.
