Para De Loredo, se usa al Tribunal de Cuentas como “botín de la militancia rentada”

rodrigo-de-loredoCórdoba. El presidente de la bancada de la UCR, Rodrigo de Loredo, cuestionó los nombramientos masivos de personal que se están realizando en el organismo que tiene a su cargo el control de la inversión de los caudales públicos.

Según la información dada a conocer por el diario Alfil, el Tribunal de Cuentas saliente realizó nombramientos masivos y prorrogó por decreto a funcionarios en cargos que debían concursarse

“Los vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia (TC), nombraron cerca de 100 personas en dicho organismo bajo el falaz argumento de mejorar su funcionamiento. Cabe destacar que actualmente el TC tiene contratados alrededor de 150 empleados, por lo que con estos nombramientos se incrementaría dicha planta en más de un 50 por ciento”, destacó el parlamentario.

En ese plano, el radical reprochó que “a meses de finalizar su mandato, los tres tribunos de cuentas, nombraron de forma directa 80 funcionarios sin función específica, sin concurso y sin un fundamento funcional aparente”

Por lo cual, advirtió que dichos nombramientos configuran una verdadera estructura paralela de empleados, un “reclutamiento masivo en el Estado” para favorecer «a militantes y amigos con nombramientos que no cumplen los requisitos legales” y con altísimos costos para las arcas provinciales.

Asimismo, De Loredo indicó que a través de una resolución interna, los tribunos prorrogaron en sus funciones a 20 empleados jerárquicos que por el vencimiento del plazo por el cual concursaron el cargo y el final de la gestión, debían dejar sus funciones. Entre ellos se encuentran siete directores, siete subdirectores y seis jefaturas de área.

“Esta última decisión es un abuso de autoridad de los Tribunos quienes no tienen facultades para prorrogar la duración en el cargo de dichos funcionarios”, añadió.

Al repasar los números de los nombramientos “masivos” de personal, el legislador de la bancada opositora, precisó que “la designación de unos 80 nuevos empleados, sin función específica, demandará a la provincia una partida anual cercana a los $20 millones. Y en lo que respecta a la prórroga de los 20 cargos jerárquicos, el costo fiscal rondará los $10 millones.

“Un elevado costo que recaerá sobre las espaldas de los contribuyentes a sólo efecto de cubrir los sueldos de la legión de militantes rentados que pretende dejar como herencia el Tribunal de Cuentas de la Provincia”, fustigó.

Ante este contexto,  De Loredo confirmó que efectuó una presentación a los fines que se informe en detalle la situación de dicho personal y señaló que no descarta realizar una presentación judicial.