Córdoba (10/7/16). A seis meses de la implementación del sistema de «Grabado Indeleble de Dominio Múltiple de Automotores, Ciclomotores y Motocicletas» a cargo de la empresa Grababus S.R.L., “queda evidenciado que detrás de esta ley existe un enorme negocio de un privado, tal como se denunciara oportunamente”, afirmó el legislador Juan Pablo Quinteros.
Destacó que “este sistema no contempla obligación del grabado de autopartes para efectuar el trámite registral, tampoco es obligatorio para transitar, con lo cual se torna ‘abstracto’ y meramente recaudatorio”.
El parlamentario juecista opinó que “es tan increíble el sistema que puede darse -lo que efectivamente sucede en la práctica- que un mismo vehículo pague sistemáticamente en cada transferencia el «voucher» de Grababus y nunca efectúe el respectivo grabado”.
Quinteros sostuvo que “la medida adoptada por la provincia es contradictoria con la legislación nacional en materia de prevención de venta ilegal de autopartes, lo que dejamos evidenciado en el pedido de informe y se superpone con la ley nacional N° 25.671 (Régimen Legal para el Desarmado de Automotores y Venta de sus Autopartes)».
En este sentido, opinó que resulta “inadmisible la obligatoriedad del pago a la empresa Grababus como requisito para realizar el trámite de verificación de automotor en los puestos que la Policía de la Provincia posee a tal efecto”.
Al respecto, el legislador del bloque del Frente Cívico, anunció la remisión de un pedido al Ministerio de Justicia de la Nación (órgano de quién depende la D.N.R.P.A) para que determine e informe sobre la pertinencia de este requisito e inste a la Provincia, a través del instrumento legal que considere pertinente, a que se abstenga de condicionar la realización del Formulario 012 (verificación física del automotor) al pago de un ‘arancel’ a la empresa privada Grababus».
«Este negociado ha facturado $65 millones en sólo 6 meses y a la Provincia le aporta un ingreso de tan sólo 5 millones en concepto de ‘canon’ lo que deja claro el fantástico ‘acuerdo’ de la empresa Grababus con los funcionarios provinciales que llevaron a cabo y defendieron con ahínco el sistema implementado», cuestionó el juecista.
Ante la presentación del pedido de informes al Ejecutivo provincial, Quinteros manifestó que “es fundamental que el Ministerio de Gobierno rinda cuentas acerca del sistema de grabado indeleble de dominios”.
Entre la información requerida por el opositor, se destaca: la cantidad de puestos de verificación hay en nuestro territorio provincial; y si dichos puestos son atendidos por personal policial tal como lo establece la ley, o por personal civil. Asimismo, el número de automotores, ciclomotores y motocicletas que, además de abonar el arancel correspondiente, hacen efectivo el grabado.
También se demandó conocer cuántos procedimientos policiales tienen resultados exitosos; y cuál es el procedimiento de secuestro, reintegro y registración.
