Córdoba (5/5/20). El reclamo apunta al accionar de la Justicia y de la fuerza policial en dos conflictos gremiales (involucran a los empleados de la empresa Bagley y a los trabajadores municipales de Jesús María) que se pusieron en evidencia en la jornada de ayer en la provincia.
Ante la actuación policial bajo órdenes de dos fiscales provinciales, en dos conflictos gremiales en el día de ayer, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba junto a la CGT Regional Córdoba adhirieron a la «profunda preocupación» del Movimiento Obrero de Córdoba.
Uno de los conflictos tiene que ver con la planta de la empresa Bagley en la ciudad capital. El gremio docente y sus pares nucleados en la central obrera indicaron que «mientras se desarrollaba puertas adentro una asamblea respetando las medidas de seguridad, en el marco de un conflicto salarial de orden nacional, la Policía entró a la planta y pretendió detener a los delegados, argumentando la comisión de un delito».
«Igual suerte corrió el Secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores de la Alimentación y del Sindicato Córdoba, Héctor Morcillo, quien concurrió solo a cumplir sus obligaciones gremiales y también sufrió intento de detención por violación de la cuarentena», afirmaron.
El otro hecho ocurrió en la localidad de Jesús María, en donde los trabajadores municipales, en el marco de un conflicto gremial, realizaron ayer una actividad autorizada previamente por un fiscal.
Sin embargo, por orden de otro fiscal, la Policía detuvo a más de cuarenta trabajadores, denunció el nucleamiento gremial.
Ante lo sucedido en la jornada de ayer, la CGT Regional Córdoba reafirmó su repudio a la actuación policial y reclamó a las autoridades del Ministerio Público Fiscal garantías para el desarrollo de la actividad gremial, como derecho constitucional y en el marco de la emergencia sanitaria.
