Córdoba. Mientras los asambleístas continúan en el ingreso al predio de la empresa Monsanto en Malvinas Argentinas, con la intención de impedir la continuidad de la obra de instalación de la planta, ayer, se conocieron posturas a favor y en contra de la radicación de la multinacional en la localidad del Gran Córdoba. La justicia se expidió en cuanto a los “hábeas corpus” presentados por manifestantes.
El G6, que lo integran seis de las instituciones de mayor importancia del empresariado cordobés, expresó su preocupación, al señalar que se “le impide a la empresa Monsanto continuar con su plan de obra que fuera debidamente aprobado por las autoridades competentes”.
“El derecho a manifestar debe ejercerse dentro de un marco de respeto a la ley. Bregamos por generar un clima de aliento a la actividad privada, evitando la confrontación que afecta seriamente la actividad productiva”, indicaron en un comunicado. En el cual, también destacaron que la “localización de proyectos de inversión” deba darse “dentro de una ambiente de tranquilidad y tolerancia”.
El Grupo G6 está conformado por la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio Exterior (Cacec), la Cámara de la Construcción, la Federación Comercial (Fedecom) y la Unión Industrial (UIC).
Por su parte, la CGT Delegación Córdoba, en un comunicado firmado por su Secretario Adjunto y Legislador Provincial, José Pihen expuso su postura, solidarizándose “con los trabajadores de la construcción nucleados en Uocra, afectados por el bloqueo de la planta de Monsanto” y demandó el “inmediato abandono del bloqueo”.
Al respecto, Pihen afirmó que el bloqueo que los manifestantes sostienen desde hace días frente al predio de Monsanto, “generó la suspensión de la totalidad de los trabajadores, alrededor de 200, con riesgo cierto de pérdida definitiva de su fuente de trabajo”.
Consulta popular y estudio de impacto ambiental
Cabe destacar que los ambientalistas pidieron una consulta popular y un informe de impacto ambiental, como requisitos previos a la autorización definitiva de la radicación y puesta en marcha de la planta secadora de semillas de maíz de Monsanto en Malvinas Argentinas.
También, el referente del espacio político opositor, Luis Juez reclamó a De la Sota que realice “un estudio serio” sobre el impacto de la instalación de la empresa.
“Los vecinos de Malvinas necesitan que un organismo independiente, autónomo, serio y responsable del Estado nos diga si eso contamina o no contamina”, subrayó el senador nacional cuando ingresaba a Tribunales Federales para ingresar una denuncia penal contra el mandatario provincial por el narcoescándalo.
En ese sentido, el Bloque de legisladores del Frente Cívico expresaron su “preocupación por los hechos que se vienen sucediendo en el reclamo que vecinos de Malvinas Argentinas y miembros de organizaciones ambientalistas vienen realizando en los portones de ingreso del predio”.
Los parlamentarios enfatizaron que “dichos reclamos han sido direccionados tanto al gobierno provincial como al Municipio de Malvinas Argentinas, pidiendo detengan la construcción de la planta”. Para los juecistas, la instalación es “ilegal”.
Al mismo tiempo, solicitaron que “se cumpla con lo que fijan la legislación nacional y provincial de Ambiente respecto a la instalación de una Planta de este tipo”.
Pronunciamiento de la Justicia
Desde la Justicia provincial, se conoció la negativa a la figura de “hábeas corpus” para tutelar el derecho a peticionar. Esta vía procesal sólo se aplica a la tutela de la libertad física y no puede emplearse para garantizar otros derechos, aseveraron las fuentes judiciales.
El juez de Control, Agustín Spina Gómez, rechazó “in limine” dos hábeas corpus solicitados por personas que están manifestando frente al predio de Monsanto. A través de dichas acciones, reclamaban que se prohíba a la autoridad policial que los detuvieran.
Sin embargo, el magistrado explicó que “el derecho tutelado por la acción de hábeas corpus es la libertad física” o, bien, el “agravamiento ilegítimo” de las condiciones de detención y que, para solicitar la tutela de derechos humanos distintos de la libertad física, existe una acción específica, como es el “juicio de amparo”.
Spina Gómez precisó que los actores evidencian un interés porque se les permita “ejercer el derecho de peticionar a las autoridades contra la instalación de la planta, lo cual se vería obstaculizado o impedido si la autoridad policial, los desaloja o detiene”.
“El desalojo de los manifestantes o su eventual privación de la libertad resultaría del empleo de la fuerza pública en respaldo de decisiones de autoridad pública, vinculadas a la autorización de la obra civil o a la radicación y/o habilitación de la industria de que se trata, decisiones que la acción de hábeas corpus no habilita controlar”, agregó el juez de Control.
Cabe recordar que en abril de este año, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hizo lugar a un recurso presentado por el municipio de Malvinas Argentina, en contra de la medida dispuesta que suspendía la obra civil de la empresa Monsanto.
Lo que permitió avanzar con la primera etapa del proyecto de la empresa, que es la obra civil, pero el TSJ dejó aclarado en la resolución, que no implica autorización definitiva para avanzar en la fase operativa de la Planta.
